No es culpa del garantismo que supimos conseguir
Por Fernando Bustos Berrondo *
He visto con asombro, la dualidad de pensamientos,
absolutamente encontrados, en parte de la dirigencia y de medios
comunicacionales, que en nada ayudan a la comprensión del sistema democrático
en el que vivimos y que, al menos yo y creo poder estar seguro, la mayoría de
los argentinos, sin pretender en modo alguno poner sobre mis hombros
representatividad alguna, pretendemos seguir haciéndolo..-
Algunas medidas judiciales, que por las connotaciones de los
protagonistas tuvieron una mayor repercusión, llevaron a una parte de la
ciudadanía y de la prensa, a confundir conceptos, que entiendo deben ser
rápidamente aclarados.
No estoy juzgando a los familiares de las víctimas, fundamentalmente
en el caso Cromañon, a quienes acompaño en el dolor, y creo me habría sido muy
difícil tomar otra posición en su lugar, sino a quienes desde su lugar,
debieron, en vez de azuzar el fuego, poner paños fríos y tratar de comprender
íntegramente la situación, asumiendo responsabilidades.-
El Poder Judicial, cumple en el gobierno, una función
fundamental, de procurar hacer cumplir la Constitución Nacional, poniendo
límites al poder discrecional del Estado.-
Desde el inicio del Derecho Penal, éste ha tenido como
fundamental misión, poner límite al poder punitivo del Estado, analizando y
garantizando el respeto al ciudadano.-
Los dos restantes poderes del Estado, deben su legitimación
al seguimiento de los deseos de la mayoría, cumpliendo en alguna medida con su
deseo, y ayudando incluso a conducirla.-
Pero no es el caso del Poder Judicial, quien para el
aseguramiento del sistema democrático, debe abstraerse de acatar las decisiones
mayoritarias. Caso contrario, permitiríamos la desintegración del régimen de
control republicano, imponiendo una justicia al servicio de las mayorías y no
de la totalidad de la Nación, dentro del estado de derecho.-
Como órgano entonces, desde el Derecho Penal, encargado de
poner límite al poder punitivo, nunca de legitimarlo, lo que se dará dentro de
los restantes andamiajes políticos, este debe ser custodio permanente de la
Constitución Nacional, cuando nos guste y cuando no.-
Nuestra Ley Fundamental, comienza su artículo 18 diciendo
que “Ningún
habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo…”.-
Sin llegar a posiciones extremas respecto de la prisión
preventiva, creo que es conceptualmente aceptable en toda persona que se precie
de respetuoso de aquella norma, decir la
misma sólo es justificable en la medida de la necesidad.-
La más dura de las medidas que pueden tomarse respecto a un
imputado, es su privación de la libertad, la que, indefectiblemente, se
convierte en pena desde el primer momento, en tanto ninguna reparación
posterior, vuelve las cosas a su lugar.-
Evidentemente, como pena, es anticipada a un pronunciamiento
judicial y por lo tanto, contraria a la manda constitucional mencionada.-
No estoy proponiendo la desaparición, en modo alguno, de
dicha medida de coerción, en tanto necesariamente debe ser “tolerada”, pero
sólo cuando sea necesaria.-
Y esta necesidad, no va aparejada con el dolor de las
víctimas, que reitero, respeto absolutamente, sino con una necesidad real en lo
procesal.-
Solo puede ordenarse, cuando existe peligro de fuga, cuando
se corre el riesgo de manipulación de la prueba a producirse, e incluso podrá
decirse del juego de normas procesales vigentes en nuestra provincia, cuando
existe peligro reiteración delictiva.-
Pero esta idea de libertad del imputado durante el proceso,
va íntimamente acompañada de otro principio que resulta ser el juzgamiento
en plazo razonable.-
Cuando en nuestro país, existe una absoluta carencia de
órganos institucionales de juzgamiento que permitan cumplir con la
razonabilidad de ese plazo, aparece la necesidad de extremar recaudos para no
caer en absolutas injusticias.-
Y estas medidas a tomar, si se quiere a cargo del
“garantismo” que en modo alguno es una mala palabra, sino un reaseguro de
nuestra dignidad, aunque algunos trasnochados que preferían la justicia en la
oscuridad de los sótanos, sigan levantando esas banderas, deben tomar fuerza.-
Si el Estado me garantiza una justicia independiente y
rápida, no necesito tanta garantía, puedo llegar a aceptar, como custodio del
ciudadano, una medida de coacción gravosa, pero por un tiempo tolerable.-
Pero si esa medida se va a alargar en el tiempo, debo exigir
garantías.-
No es entonces el pretendido auge garantista el resultado de
ideologías, sino el producto de la ineficiencia del estado en responder, como
lo manda la Constitución, a la protección del individuo, en un derecho
establecido hace poco más de 150 años, no solo para todos los ciudadanos, sino
“para todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.-
Pretende entonces garantizar un derecho para las caras que
nos gustan, pero no para quienes nos disgustan, por más desagradables que
pudieran ser para el juzgador o para las mayorías, sería instaurar una justicia
para algunos, incompatible para los principios de un Estado de Derecho que
tanto nos ha costado conseguir.-
Hace no más de dos semanas, muchos de los operadores
comunicacionales, se rasgaban las vestiduras contando la barbaridad que había
sucedido en un Tribunal del Gran Buenos Aires, cuando después de tres años de
prisión preventiva de un imputado, producido el juicio, el Fiscal, por falta de
pruebas, había pedido la absolución, solicitando disculpas al justiciable.-
¿Quién le paga a este hombre
sufrido? , era la pregunta que se imponía y con toda razón.-
Hoy se adopta la posición absolutamente contraria, en un
discurso esquizofrénico, requiriendo que los imputados, permanezcan privados de
su libertad hasta tanto sean juzgados. Tal vez asegurando que en estos casos
particulares, los procesados son culpables, pero con toda seguridad, para aquel
fiscal, también lo era aquel que debió soportar la injusticia de la falta de un
juicio rápido.-
No es posible admitir un sistema de garantías para quien la
mayoría prejuzga culpable, y otro para los demás.-
Un sistema de garantías, lo es para mí, para mis seres más
queridos, y también para los otros, mal que me pese en algunos casos.-
La solución de las injusticias, que llevaría a no exacerbar
el sistema de garantías, radica en el juicio en tiempo razonable, que está en
manos no sólo del Poder Judicial (no pretendo eludir responsabilidades en
cuanto me correspondan), sino fundamentalmente en la creación de los
instrumentos necesarios, es decir, la creación de organismos de juzgamiento
necesarios, lo que está a cargo de la legislatura y del Ejecutivo, que debe
otorgar el presupuesto necesario para cumplir con aquella manda.-
De tener los Juzgados y Tribunales necesarios para juzgar en
tiempo razonable, no estaríamos viviendo estas situaciones, de creer que habrá
impunidad, cuando se protege al individuo hasta ser juzgado. No más.
No se tratan en estos casos, de dejar impunes, sino de
juzgar y aplicar, en su caso, el peso de la ley, pero garantizando los derechos
que no son un invento moderno del castigado “garantismo”, sino de los
constituyentes de 1853.-
Varias veces a lo largo de nuestra historia, perdimos los
sistemas de garantías. ¿No aprendimos de ello? Si es así, estaremos cayendo en
el juego de los detractores de la democracia, de quienes son responsables de
miles de muertes en nuestro pasado, de quienes torturaron y mataron suponiendo
que podían ser responsables, individuos que, a no dudarlo, todavía están al
acecho, y trabajando en este proyecto para hacernos caer en sus garras.-
Doten quienes deben hacerlo a la Justicia de los organismos
necesarios, y tendremos el Estado de Derecho “que supimos conseguir”, porque
tendremos un sistema que garantizará el juzgamiento en tiempo y de esta manera
el sistema de garantismo no tendrá sentido de ser, al menos tan estricto.-
Hágase cargo cada uno de lo que debe hacer, porque tirar las
culpas al otro es muy fácil, pero también irresponsable.-
*El autor fue juez penal del Tribunal Criminal 2 del Departamento Judicial de Mercedes
El escrito tiene 2 años de publicado y de aplicación a cualquier coyuntura actual, en el marco de la causa Cromañón
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