lunes, 8 de febrero de 2016

No es culpa del garantismo que supimos conseguir




Por Fernando Bustos Berrondo *

He visto con asombro, la dualidad de pensamientos, absolutamente encontrados, en parte de la dirigencia y de medios comunicacionales, que en nada ayudan a la comprensión del sistema democrático en el que vivimos y que, al menos yo y creo poder estar seguro, la mayoría de los argentinos, sin pretender en modo alguno poner sobre mis hombros representatividad alguna, pretendemos seguir haciéndolo..-
Algunas medidas judiciales, que por las connotaciones de los protagonistas tuvieron una mayor repercusión, llevaron a una parte de la ciudadanía y de la prensa, a confundir conceptos, que entiendo deben ser rápidamente aclarados.
No estoy juzgando a los familiares de las víctimas, fundamentalmente en el caso Cromañon, a quienes acompaño en el dolor, y creo me habría sido muy difícil tomar otra posición en su lugar, sino a quienes desde su lugar, debieron, en vez de azuzar el fuego, poner paños fríos y tratar de comprender íntegramente la situación, asumiendo responsabilidades.-
El Poder Judicial, cumple en el gobierno, una función fundamental, de procurar hacer cumplir la Constitución Nacional, poniendo límites al poder discrecional del Estado.-
Desde el inicio del Derecho Penal, éste ha tenido como fundamental misión, poner límite al poder punitivo del Estado, analizando y garantizando el respeto al ciudadano.-
Los dos restantes poderes del Estado, deben su legitimación al seguimiento de los deseos de la mayoría, cumpliendo en alguna medida con su deseo, y ayudando incluso a conducirla.-
Pero no es el caso del Poder Judicial, quien para el aseguramiento del sistema democrático, debe abstraerse de acatar las decisiones mayoritarias. Caso contrario, permitiríamos la desintegración del régimen de control republicano, imponiendo una justicia al servicio de las mayorías y no de la totalidad de la Nación, dentro del estado de derecho.-
Como órgano entonces, desde el Derecho Penal, encargado de poner límite al poder punitivo, nunca de legitimarlo, lo que se dará dentro de los restantes andamiajes políticos, este debe ser custodio permanente de la Constitución Nacional, cuando nos guste y cuando no.-
Nuestra Ley Fundamental, comienza su artículo 18 diciendo que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo…”.-
Sin llegar a posiciones extremas respecto de la prisión preventiva, creo que es conceptualmente aceptable en toda persona que se precie de respetuoso de aquella norma,  decir la misma sólo es justificable en la medida de la necesidad.-
La más dura de las medidas que pueden tomarse respecto a un imputado, es su privación de la libertad, la que, indefectiblemente, se convierte en pena desde el primer momento, en tanto ninguna reparación posterior, vuelve las cosas a su lugar.-
Evidentemente, como pena, es anticipada a un pronunciamiento judicial y por lo tanto, contraria a la manda constitucional mencionada.-
No estoy proponiendo la desaparición, en modo alguno, de dicha medida de coerción, en tanto necesariamente debe ser “tolerada”, pero sólo cuando sea necesaria.-
Y esta necesidad, no va aparejada con el dolor de las víctimas, que reitero, respeto absolutamente, sino con una necesidad real en lo procesal.-
Solo puede ordenarse, cuando existe peligro de fuga, cuando se corre el riesgo de manipulación de la prueba a producirse, e incluso podrá decirse del juego de normas procesales vigentes en nuestra provincia, cuando existe peligro reiteración delictiva.-
Pero esta idea de libertad del imputado durante el proceso, va íntimamente acompañada de otro principio que resulta ser el juzgamiento en plazo razonable.-
Cuando en nuestro país, existe una absoluta carencia de órganos institucionales de juzgamiento que permitan cumplir con la razonabilidad de ese plazo, aparece la necesidad de extremar recaudos para no caer en absolutas injusticias.-
Y estas medidas a tomar, si se quiere a cargo del “garantismo” que en modo alguno es una mala palabra, sino un reaseguro de nuestra dignidad, aunque algunos trasnochados que preferían la justicia en la oscuridad de los sótanos, sigan levantando esas banderas, deben tomar fuerza.-
Si el Estado me garantiza una justicia independiente y rápida, no necesito tanta garantía, puedo llegar a aceptar, como custodio del ciudadano, una medida de coacción gravosa, pero por un tiempo tolerable.-
Pero si esa medida se va a alargar en el tiempo, debo exigir garantías.-
No es entonces el pretendido auge garantista el resultado de ideologías, sino el producto de la ineficiencia del estado en responder, como lo manda la Constitución, a la protección del individuo, en un derecho establecido hace poco más de 150 años, no solo para todos los ciudadanos, sino “para todos los hombre del mundo que quieran habitar el suelo argentino”.-
Pretende entonces garantizar un derecho para las caras que nos gustan, pero no para quienes nos disgustan, por más desagradables que pudieran ser para el juzgador o para las mayorías, sería instaurar una justicia para algunos, incompatible para los principios de un Estado de Derecho que tanto nos ha costado conseguir.-
Hace no más de dos semanas, muchos de los operadores comunicacionales, se rasgaban las vestiduras contando la barbaridad que había sucedido en un Tribunal del Gran Buenos Aires, cuando después de tres años de prisión preventiva de un imputado, producido el juicio, el Fiscal, por falta de pruebas, había pedido la absolución, solicitando disculpas al justiciable.-
¿Quién le paga a este hombre  sufrido? , era la pregunta que se imponía y con toda razón.-
Hoy se adopta la posición absolutamente contraria, en un discurso esquizofrénico, requiriendo que los imputados, permanezcan privados de su libertad hasta tanto sean juzgados. Tal vez asegurando que en estos casos particulares, los procesados son culpables, pero con toda seguridad, para aquel fiscal, también lo era aquel que debió soportar la injusticia de la falta de un juicio rápido.-
No es posible admitir un sistema de garantías para quien la mayoría prejuzga culpable, y otro para los demás.-
Un sistema de garantías, lo es para mí, para mis seres más queridos, y también para los otros, mal que me pese en algunos casos.-
La solución de las injusticias, que llevaría a no exacerbar el sistema de garantías, radica en el juicio en tiempo razonable, que está en manos no sólo del Poder Judicial (no pretendo eludir responsabilidades en cuanto me correspondan), sino fundamentalmente en la creación de los instrumentos necesarios, es decir, la creación de organismos de juzgamiento necesarios, lo que está a cargo de la legislatura y del Ejecutivo, que debe otorgar el presupuesto necesario para cumplir con aquella manda.-
De tener los Juzgados y Tribunales necesarios para juzgar en tiempo razonable, no estaríamos viviendo estas situaciones, de creer que habrá impunidad, cuando se protege al individuo hasta ser juzgado. No más.
No se tratan en estos casos, de dejar impunes, sino de juzgar y aplicar, en su caso, el peso de la ley, pero garantizando los derechos que no son un invento moderno del castigado “garantismo”, sino de los constituyentes de 1853.-
Varias veces a lo largo de nuestra historia, perdimos los sistemas de garantías. ¿No aprendimos de ello? Si es así, estaremos cayendo en el juego de los detractores de la democracia, de quienes son responsables de miles de muertes en nuestro pasado, de quienes torturaron y mataron suponiendo que podían ser responsables, individuos que, a no dudarlo, todavía están al acecho, y trabajando en este proyecto para hacernos caer en sus garras.-
Doten quienes deben hacerlo a la Justicia de los organismos necesarios, y tendremos el Estado de Derecho “que supimos conseguir”, porque tendremos un sistema que garantizará el juzgamiento en tiempo y de esta manera el sistema de garantismo no tendrá sentido de ser, al menos tan estricto.-
Hágase cargo cada uno de lo que debe hacer, porque tirar las culpas al otro es muy fácil, pero también irresponsable.- 

*El autor fue juez penal del Tribunal Criminal 2 del Departamento Judicial de Mercedes 
El escrito tiene 2 años de publicado y de aplicación a cualquier coyuntura actual, en el marco de la causa Cromañón
 

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